Por: Iván Arroyave Agudelo
Expresidente de la Bolsa Mercantil de Colombia
La simple comparación de las estadísticas de la educación rural y urbana, muestra una dramática situación en el aspecto que universalmente se considera como el principal motor para contrarrestar la pobreza y la marginación.
El censo agropecuario del 2014 revela que el analfabetismo en zonas rurales del país es del 11,5 por ciento en mayores de 15 años, y del 20 por ciento en niños de 5 y 16 años. En contrataste, según el Dane, el promedio de analfabetismo nacional es del 3,3 por ciento.
Mientras en las zonas urbanas la tasa de permanencia en el sistema educativo es del 82 por ciento, en las áreas rurales es solo del 48 por ciento. Fedesarrollo estima que en la parte urbana, el 63 por ciento de los hombres y el 72 por ciento de las mujeres, entre 18 y 24 años, han terminado el bachillerato, en tanto que en las zonas rurales solo el 32 por ciento de los hombres y el 36 por ciento de las mujeres han finalizado el bachillerato.
Así mismo, la calidad de la educación rural muestra preocupantes debilidades que, con certeza, impactan sensiblemente el desarrollo social y económico de ese territorio. Los resultados de la calidad académica que reflejan las Pruebas Saber 5, 9 y 11 en las zonas rurales siempre tienden a ser marcadamente inferiores a los de las zonas urbanas.
Se hace evidente que los resultados de las políticas y estrategias de los gobiernos han sido insuficientes, dado que en materia de educación se ha acentuado progresivamente la deuda social con el campo, al tiempo que la fuerza laboral se forma en condiciones de competitividad subóptimas.
El documento de la Misión para la Trasformación del Campo, publicado en el 2014, propone como estrategias para superar el severo atraso de la educación rural, la definición de una institucionalidad especializada, políticas con enfoque territorial y planes de estudios acordes a la realidad rural, con especial énfasis en la flexibilidad adaptada a la dinámica laboral.
Es decir, la Misión plantea más dolientes responsables de velar por la cobertura, la pertinencia y calidad de los programas académicos, entre otros aspectos, como la alimentación escolar. Igualmente, recomienda la creación de un programa de cero analfabetismo y diseño de un plan maestro de infraestructura educativa. Vale la pena resaltar que en todos estos aspectos hay una enorme coincidencia con lo que se plantea en el punto uno del documento preparado en La Habana.
Se aprecia que las estrategias se circunscriben a una lista de loables y tradicionales propósitos, cuya novedad radica en que su probabilidad de concreción se elevaría por voluntad del gobierno actual.
Sin embargo, es latente el riesgo de que esas ideas no prosperen en la agenda nacional por razones económicas, de cambio de administración o, simplemente, se pueden desvanecer por no hacer parte de un modelo construido con la participación directa y compromiso de las instituciones de educación del país, las empresas rurales y urbanas, los educadores, el Gobierno y otros grupos de interés.
El diseño de ese modelo es de vital importancia, sería la forma que todos se apropien del reto nacional de llevar al campo la educación suficiente, pertinente y de una calidad no inferior a la de la ciudad.
En esa dirección, el gobierno dispone de mecanismos con los cuales podría incentivar fuertemente la participación de las universidades del país y de la empresa privada. Las instituciones de educación superior del país, se motivarían a ruralizar sistémicamente gran parte de su versátil capacidad, si el Ministerio de Educación Nacional incorpora a los procesos de acreditación de las instituciones y los programas, un peso alto a la calificación del aporte directo que hagan en la educación rural; ello a partir de los factores que miden su proyección social y las relaciones con el entorno.
En cuanto a las empresas, vale la pena pensar en incentivos de tipo tributario para que la responsabilidad social empresarial, que suele ser urbana, se vuelque al campo y contribuya a la formación rural.
Se percibe cierto ambiente para emprender todas las acciones necesarias para generar del sistema de educación rural indicadores muy superiores a los actuales, que, por lo menos, se aproximen a los urbanos. Pero para que la realización de esa tarea no se quede en las simples intenciones de siempre, es necesario que el Gobierno la lidere con determinación operativa y presupuestal.
Además, es preciso que las acciones estén articuladas dentro de un modelo nacional de educación rural construido con los todos los actores que se pueden comprometer a transformar la educación en esta estratégica zona del desarrollo nacional.
Iván Arroyave Agudelo
Expresidente de la Bolsa Mercantil de Colombia
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